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El tema de la deuda “eterna” Argentina se encuentra en el centro del debate político y económico de los últimos años, pero se convirtió en eje narrativo en disputa en estos días. Sorprende la voluntad de discutir aquello que los tenedores de bonos ya resolvieron. Es decir, desde el mas simple sentido común lo primero que llama la atención es que fue el “mercado” el  que, quienes hoy presentan cuestionamientos, eligió en 2020 cobrar “menos” de lo establecido en los bonos que ellos emitieron. ¿Por qué harían una cosa así, si dicha deuda fuera sostenible y pagable en la condiciones originales que defiende la oposición? 

Pero yendo al fondo de la cuestión, desde mi punto de vista hay dos análisis para realizar, por un lado, el que es de características más bien políticas y aquí podemos ver que la evolución de la deuda “eterna” argentina, que comenzó en 1822,[1] muestra el patrón de conducta que exhibe un país que no fue en busca de financiamiento para impulsar el desarrollo, sino para cubrir las crisis. Es como si fuera una empresa que en lugar de pedir dinero prestado para hacer una nueva planta siempre busca créditos para pagar los sueldos o cubrir los proveedores.

El perfil es el de un deudor reactivo, que corre la realidad de atrás antes que el de uno proactivo que busca expandir su horizonte de posibilidades mediante el financiamiento. Esto terminó por construir un esquema de relaciones internacionales multilaterales, centralmente con Gran Bretaña primero, Estados Unidos después y luego con diferentes actores del sistema financiero global, que perdieron la nacionalidad, pero no sus intereses, en donde el elemento común es propio de una relación casi patológica y de sometimiento; por un lado, está el que somete, y por el otro el sometido. Ambos son partícipes necesarios de este tipo de vínculo, y es por eso por lo que el dato sobre la conveniencia puntual respecto de tal o cual préstamo dado su bajo costo o su mejor plazo, siempre debe evaluarse a la luz de una relación de dependencia que emerge cuando hemos quedado presos de deudas impagables. Es decir, desde un comienzo nos han prestado porque siempre fue un modo de ejercer un control indirecto sobre las decisiones que tomamos y esto implica que cada vez que profundizamos un ciclo de endeudamiento estamos atando nuestra suerte a decisiones que no se toman en nuestro país y a intereses que no son los de la mayoría de los argentinos.

Por eso los gobiernos que buscan el bien común, tienen la obligación de desarmar los ciclos de endeudamiento porque estos han sido, en todas sus formas, un modo de articular las relaciones limitando el margen de maniobra y quitando grados de libertad en la determinación de las políticas económicas. Esto, al final del camino, quiere decir que cuando quedás endeudado te dicen qué podés y qué no podés hacer. Siempre que nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades, el resultado terminó siendo más pobreza y exclusión, donde “la cuenta” aritmética sobre los beneficios que otorga la “palanca” financiera de créditos a baja tasa, son mucho menores que los costos de quedar presos del sistema. Claro que nadie nos obliga a endeudarnos, esta es una decisión soberana, por eso cada default es un fracaso colectivo que no le podemos endilgar a nadie más que a nosotros mismos; es nuestra decisión romper con esa lógica.

En un segundo orden de importancia debemos pensar cuál ha sido el destino del dinero que pedimos prestado. Lo cual siempre es sumamente complejo porque aquí, a diferencia de las personas y empresas que en general piden para algo en particular (desde una computadora hasta una casa), los países no suelen tomar créditos con asignación específica y, cuando lo hacen, es decir créditos para proyectos puntuales, también lo eluden, ya que el dinero es fungible. Imaginemos un país que tiene su presupuesto que naturalmente debería prever financiamiento para objetivos tan diversos como la compra de insumos médicos y el pago de salarios de docentes hasta la construcción de puentes; si este Estado consigue el dinero para el puente, por ejemplo, de un organismo internacional, puede reorientar los recursos que tenía previamente asignados a dicha obra para otro gasto. Es decir, cuando un país pide prestado, es muy difícil encontrar o trazar el destino de los fondos.

Todo esto sucede de manera tal que, en nuestro país, sobre todo en los ciclos 1976-1981 con Martínez de Hoz y 2016-2019 con los diferentes ministros de Macri , se observa que el ingreso de divisas producto del endeudamiento funciona como soporte para sostener retrasado el tipo de cambio artificialmente durante un periodo en el cual aumenta aceleradamente la fuga de capitales. Es decir, entran dólares prestados (que luego debe pagar toda la sociedad), aumenta la oferta y por lo tanto baja o se mantiene su precio respecto de la inflación, esto alimenta la demanda de billetes por parte de una sociedad que ahorra en dólares (vale decir que ningún proyecto político ha podido resolver el aspecto realmente bimonetario de nuestra economía), estas divisas salen del sistema y así, nos quedamos con pesos cuya demanda no crece al tiempo que salen los dólares del sistema.

En un sentido similar, la relación con el FMI tiene características como las descriptas anteriormente solo que es más transparente, es decir, para prestarte plata te ponen condiciones, no dan vueltas. El sector privado te cobra una tasa mayor mientras que el FMI te dice directamente lo que podés y lo que no podés hacer si querés que te presten.

Ahora bien, otro tema que invita a la reflexión es cuán certero es el “análisis” que realiza el sector privado para prestarle al país cuando gobiernan “unos” y quitarle todo el apoyo cuando gobiernan “otros”. Esto lo indico en el entendimiento que la macroeconomía corresponde al mismo país, y que en general los préstamos son a plazos mucho más largos que los del período de gobierno en que se toman. Para ser más claro, no es que le prestan plata a los gobiernos en los que confían más, sino que le prestan porque le “colocan” el dinero a los gobiernos con los que trabajan, de hecho, el primer ministro de Hacienda de Macri y su segundo eran insignes trabajadores de la banca internacional. No hay sometedor sin sometido, y lo que hicieron fue someterse, ni más ni menos que eso. Y la decisión del FMI de proveerle, en tiempo record y por fuera de todos los estándares vigentes (para el Fondo), asistencia crediticia a Macri en el período 2018/2019, es prueba del eje de funcionamiento descrito.

Por otro lado se encuentra el análisis de características más bien técnicas. Mucho se ha dicho, pero poco se ha cotejado con los datos oficiales. Con el objetivo se subsanar esta falta de información, analizaremos más profundamente la composición de la deuda, sus variaciones y lo que se ha mencionado en cuestión.

Los economistas aprendemos muy pronto en la carrera que muchas veces es conveniente estudiar las variables en términos de lo que llamamos “reales”, es decir de forma normalizada, lo cual permite comparar magnitudes diferentes sin cometer el error de perder perspectiva. A modo de ejemplo, de acuerdo con datos del Census and Economic Information Center, la deuda del Gobierno en Brasil pasó de US$ 1.110.474.000 a US$ 1.273.852.000 entre Marzo y Diciembre de 2020 (+ 163.378.000 en tan sólo unos meses). ¿Significa esto que Brasil tiene un problema de deuda mucho más grande que el de Argentina? No necesariamente. Debe tenerse en cuenta que son dos economías con diferentes características, como por ejemplo su tamaño y población, del mismo modo que la capacidad de generar divisas para afrontar los pagos de la deuda vía exportaciones es diferente.

Algo similar sucede cuando reflexionamos sobre la evolución de la economía nacional a lo largo del tiempo. Si bien ciertas características estructurales se mantienen sin demasiados cambios, hay varios fundamentos económicos más bien de tipo coyuntural que sí se modifican y no debemos obviar, a la hora de estudiar qué pasó con la deuda.

De este modo, la observación sobre los problemas de deuda invita a concentrarse en el ratio DEUDA/PIB. Así se puede observar una aproximación de cuánto debe un gobierno en relación con la riqueza que produce su país. En términos de nuestra economía doméstica, es algo así como entender que el resumen de la tarjeta de crédito por sí solo no dice nada si no lo evaluamos en el contexto de nuestros ingresos. Si debo cien mil pesos, pero mis ingresos son quinientos mil, no podría decir que tengo un “problema con la deuda”, mientras que si debo veinte mil pesos y mis ingresos son treinta mil, claramente tengo un problema de endeudamiento.

Volviendo a la deuda externa y su evolución hay un primer análisis que es claro: mientras que Cristina comenzó con un ratio de 51,4% y terminó con uno de 48,6%, Macri lo hizo con dicho valor y finalizó con 88,1% al tiempo que Alberto Fernández, exhibe en el último dato registrado (primer trimestre de 2021) uno de 100,8%. En otras palabras, CFK redujo la deuda en relación con el PIB en 2,8%, Macri la incrementó en 39,5%. y Fernández –por el momento- en 12,7 %.

Pero detengámonos un momento en el modo de medir la deuda, recodemos que es un cociente DEUDA/PBI de manera que esa ratio puede subir o bien porque aumenta el endeudamiento, o bien porque cae el PBI, lo que ocurrió sobre todo en 2020 con la pandemia y -de hecho- ese justamente es el efecto que provoca que, aun sin emitir deuda internacional, la gestión de Alberto Fernández vea deteriorado ese cociente.

En línea con esto, el porcentaje registrado por la gestión de Fernández, con una suba del 12,7 % desde que ingresó al poder, resulta comparable con varias cifras internacionales. Brasil presenta un alza de 10,7% con respecto a 2019, Francia un incremento de 16,5% y España un aumento de 22,9 % entre otros que, en ciertos casos, exhiben guarismos incluso superiores como Japón, por ejemplo, con una ratio de 256,5% de su PBI y un ascenso de 21,6% en el año precedente.

Por otro lado, un factor para tener en cuenta al momento de analizar la deuda es su composición: no es lo mismo tener una deuda en dólares o en pesos. Eso lo entendemos bien, sobre todo luego de la pesificación asimétrica del 2001. En general, la deuda en pesos tiene un mayor componente de acreedores residentes, leyes locales y por lo tanto una eventual renegociación puede ser más sencilla que en el caso de una deuda en moneda extranjera. Asimismo, la moneda doméstica es más asequible que la extranjera. El otro elemento es quién posee los títulos de la deuda que se emite, ya que además de la moneda, no es lo mismo la deuda intra sector público que, con acreedores privados. Volviendo a los ejemplos domésticos, no es lo mismo deberle plata a tu suegro en pesos que dólares a un prestamista desconocido (de esos que tienen pocos amigos). Esto es así porque más allá de que tu suegro sea o no simpático, los incentivos de deudor y acreedor están alineados con una resolución flexible y sin mayores costos que cuando discutís tu deuda con alguien cuyo único interés es el lucro.

Así es que, si comparamos los recientes mandatos, CFK finalizó con un porcentaje de deuda con Agencias del Sector Público con relación al PIB del 30,7%, con Organismos Multilaterales y Bilaterales del 6,4% y con Deuda con Privados (Performing y Elegible Pendiente de Reestructuración) del 16,5% (2015). Macri, por su parte, mostró cifras del 35,7%, 20,3% y 33,4% (2019); mientras que Fernández desde el punto de partida que tuvo en 2019, y en el primer trimestre de 2021 tenía 41% con Agencias del Sector Público, 22,8% con Organismos Multilaterales y 37,7% con privados.

De este modo, la composición de la deuda de Macri es significativamente más riesgosa que la de CFK y, si bien AF incrementó su deuda en porcentaje del PIB, mayormente lo hizo con el sector doméstico y principalmente público.

Si nos detenemos en las monedas, CFK registró en su último año un 69% de su deuda en moneda extranjera, y un 31% en local. Sin embargo, Macri finalizó con un 78% en la primera y 22% en la segunda. AF, por su parte, se encuentra en un 76% en moneda externa y 24% en aquella doméstica, comenzando un camino que tiene por objetivo modificar las fuentes de financiamiento con mayor injerencia del mercado de ahorro doméstico.

Como mencionamos anteriormente, sólo contemplando estas dos cuestiones, vemos que la deuda tomada por Macri constituyó un riesgo mucho mayor que aquella incrementada por Alberto, no sólo por la capacidad de pago de la economía sino también por la residencia de sus tenedores y las monedas. Traduciendo esto a dólares, comparando las tres gestiones, la Deuda Bruta de la Administración Central[2] pasó de US$ 176.870 M en 2007 a US$ 240.665 M en 2015. Luego, en 2019 se trasladó a US$ 323.065 M y en el primer trimestre del 2021 a US$ 335.556 M. Consecuentemente, observando el monto total en dólares, CFK incrementó la deuda en US$ 63.795 M, MM en US$ 82.400 M y AF en US$ 12.491 M.

Paralelamente, la oposición suele tomar en consideración los pasivos remunerados del Banco Central, como los pases y las Leliq para medir la deuda. Y, si llegaste hasta acá sin dormirte, dejame que te cuente que en este caso la cosa se pone un poco más “técnica” (sí, leíste bien). De manera que existen algunas cuestiones teóricas a destacar con respecto a esto. Las necesidades de financiamiento del sector público se pueden cubrir de distintas maneras, por ejemplo, mediante deuda (el clásico “Bono”) o mediante emisión monetaria (lo que se conoce como monetización del déficit). Cada estrategia tiene su impacto en la economía, en el período actual o en los subsiguientes, pero técnicamente son medidas diferenciadas: por un lado, endeudarse y, por el otro, emitir billetes (dentro de este último campo, podría incluirse la emisión futura mediante pasivos remunerados del BCRA -pases y leliqs-). En otras palabras, la emisión se utiliza como artilugio para evitar el crecimiento de la deuda (sobretodo cuando la misma se encuentra en niveles relativamente elevados con relación a la Administración Central) y, si bien sus efectos pueden ser nocivos para la economía, no tiene la misma repercusión, impacto, costos y generación de obligaciones que la deuda. Consecuentemente, ambas medidas no deberían agregarse dado que no serían “estrictamente comparables” y los deudores serían organismos “autónomos y diferenciados”.

A su vez, durante la gestión de Macri, el pasivo remunerado estaba conformado en su mayoría por Lebacs. Estas letras son distintas a las Leliqs actuales dado que su riesgo abarcaba a todo el mercado, no sólo al sistema financiero, por tanto, el análisis exige un estudio más profundo y prolongado, debido a que el perfil de riesgo era distinto y a que –luego de llegar a niveles elevados en relación a la base monetaria- los pasivos remunerados lograron ser reducidos luego de un mandato completo. Fernández no cuenta aún con dicho período y se encuentra, además, afectado por las necesidades de la pandemia.

De todos modos, si agregamos los valores de Pasivos Remunerados (pases pasivos, leliqs, lebacs, NOBAC, LEGAR y LEMIN), al finalizar el mandato de Macri la deuda se incrementó en un 37,6% medida en dólares, mientras que -en lo que va de la gestión de Alberto- el guarismo se traslada al 10,3%. En paralelo a esto, es cierto que los pasivos remunerados crecieron más en la gestión actual que en la previa, pero esto se debe a que las necesidades de financiamiento –acrecentadas por el contexto- decidieron ser subsanadas mediante emisión de dichos instrumentos y no a través de nueva deuda de la Administración Central dados los elevados niveles existentes y el poco margen de maniobra que dejaría.

También suelen evaluarse los vencimientos pendientes al momento de abandonar el poder. En este sentido, mientras Cristina se retiró con un total de US$ 51.722 M que vencían en el año que proseguía, Macri le “dejo” a Alberto un total de US$ 78.862 Millones, sembrando un panorama más complejo de cara a su gestión. En línea con esto, mientras también podemos decir que Cristina dejó unos US$ 296.747 M a pagar en los 11 años posteriores a su mandato al tiempo que Mauricio presentó unos US$ 430.667 M para el mismo período, dificultando aún más la situación dada la composición de dichos vencimientos, por lo mencionado anteriormente. Todo esto terminó por conducir a la Argentina a una necesaria (y exitosa) renegociación de la deuda privada en 2020 y la deuda con el FMI en el presente año.

Es claro que tanto la emisión como los vencimientos de la deuda representan problemas que hay que resolver en un futuro no tan lejano, pero no por esto es menos cierto que fueron instrumentos o estrategias utilizadas para afrontar cuestiones y necesidades previas, relacionadas principalmente con la emergencia sanitaria y con el objetivo central de priorizar la vida de los argentinos. 

Finalmente es interesante este debate, sobre todo por el enfoque, dado que nos ofrece una clara perspectiva de aquello que el endeudamiento constituye para cada espacio político. Esto es, de un lado hay argumentos (desde mi punto de vista falaces) que yuxtaponen números para que les “cierre” un tuit, sin detenerse a debatir en el destino de esos “números”. Y por el otro, la mirada del gobierno que es complementaria, es decir no sólo miramos los datos, sino que además tenemos claro el efecto que estos generan en las condiciones de desarrollo económico del país, y de qué manera esto afecta los intereses que para nosotros son más relevantes, los de una sociedad que necesita tasas bajas para volver a producir y crear empleo de calidad antes el esquema de la bicicleta financiera que jamás nos ha conducido al desarrollo.


[1] Véase “Tombolini, Todo lo que tenés que saber sobre economía argentina”, pp. 273-296 cronología, breve historia de la deuda externa argentina. Paidós, 2013.

[2] Entendida como la deuda performing, atrasos y deuda elegible pendiente de reestructuración, incluyendo capital, mora de intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título, al tiempo que también considera aquella que se encuentra en situación de pago normal

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